La Garlopa

Me he quedado de piedra, indignado y sorprendido, tras leer una nota de agencia, fechada ayer en Cuenca, que dice lo siguiente:

«ASAJA NO CREE QUE LA CONGELACIÓN DE CONTRATACIONES EN ORIGEN VAYA A AFECTAR A LOS AGRICULTORES DE CASTILLA-LA MANCHA».

Tremendo. El Gobierno anuncia que va a cerrar el grifo de las contrataciones en origen, fundamentales para el campo durante los últimos años, y al sindicato del campo en Castilla-La Mancha le da por decir que la historia no va con ellos. El ministro de Trabajo ha matizado la propuesta, y me da que no porque entienda que causa rechazo en la calle, sino por el ruido que han empezado a hacer, precisamente, las organizaciones agrarias. Pero parece que en Castilla-La Mancha son más chulos que nadie.

Según Europa Press, tal como han recogido varios medios regionales, “el secretario de la organización agraria ASAJA, José María Fresneda, recordó que la mayoría de trabajadores viene de otras campañas, por lo que la contratación de contingentes es muy puntual. En rueda de prensa, Fresneda señaló que no será un obstáculo, y que además las organizaciones agrarias no pueden estar siempre sometidas a los vaivenes políticos en materia de mano de obra”. Luego he visto que Fresneda ha comparado la recogida de la viña, tanto en La Mancha como en Guadalajara, con la campaña de la fruta en Lleida, que es bastante más larga. Y este es el argumento principal por el que este señor defiende que los planes del Gobierno no afectarán a Castilla-La Mancha, si es que finalmente se llevan a efecto.

Hay que tener una costra cínica muy gruesa y una dureza facial bastante importante para realizar estas manifestaciones sin apenas despeinarse. Y luego dormir por las noches a pierna suelta. Supongo que es una obligación periodística, pero en estos casos conviene recurrir a la hemeroteca. Incluso estirar la memoria. Acabo de recordar una serie de extraordinarios reportajes que en otoño de 2007 publicó en El País el periodista Tomás Bárbulo. Se desplazó hasta La Mancha, en plena vendimia, y allí retrató las miserias y las vergüenzas de todo lo que atañe a las condiciones laborales –por llamarlas de alguna manera- y de contratación que afecta a los miles de inmigrantes que cada año necesita La Mancha para recoger la uva. No hace falta recordar tampoco las inspecciones, y las detenciones, que ocurrieron en la zona de Mondéjar, exactamente por los mismos motivos.

En un artículo publicado el 9 de septiembre de 2007 en El País, Bárbulo charla con el alcalde y el presidente de la principal cooperativa de Moral de Calatrava, un pueblo manchego que recoge 40 millones de kilos de uvas cada año. Su alcalde se quejaba entonces de la falta de diligencia de la Administración (o sea, del Estado) a la hora de tramitar las regularizaciones de inmigrantes para que pudieran pasar a ser contratados. Sin embargo, echó balones fuera cuando el periodista le recordó la opción de contratar mediante el sistema de contrataciones en origen. Esto es lo que escribió Tomás Bárbulo: “a través del mecanismo del contingente de temporada que el Gobierno puso a su disposición a principios de año, los agricultores tuvieron la oportunidad de contratar a los trabajadores en sus países de origen. “Es que, hasta el último momento, la gente no sabe a cuántos va a necesitar. Hay personas que con un inmigrante se arreglan, otros necesitan cinco…», se defiende Gutiérrez [presidente de la Cooperativa del pueblo]. También se escabulle cuando se le pregunta por qué la cooperativa que preside no contrató un cupo de trabajadores para luego repartirlos entre sus miembros. “Sí, se podría hacer. Pero hay socios que quieren contratar personalmente”, replica”.

Al final, tanto el alcalde como el presidente de esa cooperativa terminaron confesando al periodista que “esperaban que el Gobierno les sacara las castañas del fuego”. Lo que, traducido al román paladino, significa que esperaban que el Gobierno regularizara vía express a los inmigrantes que ya estaban en la zona, o peor aún, que hiciera la vista gorda ante la falta de contrataciones (tal como apareció en otro artículo el 16 de septiembre de 2007). Y no es una situación exclusiva de esta localidad de Ciudad Real. Es una coyuntura extrapolable a cualquier municipio cuyos agricultores necesitan mano de obra inmigrante para tareas del campo, esas a las que parece que no están dispuestos a rebajarse los españoles.

En el reportaje citado, otra de las propietarias explicaba el proceso de extorsión al que someten a los inmigrantes durante la vendimia. Escribía el periodista: “Josefa Mecinas es una de esas propietarias. Al comentarle que en el pueblo hay un millar de inmigrantes, responde con una carcajada: «¿Mil? ¡Pero si sólo yo tengo empadronados a más de quinientos!». La mayoría de sus casas están vacías: ni siquiera tienen cocina. A pesar de ello, cobra 100 euros por cada inquilino. Para asegurarse de que no se irán sin pagar, les retiene los pasaportes. Cuando un extranjero presentó una denuncia porque la mujer se había quedado con su documentación, ella respondió a los policías: «¿Para qué quiero yo un pasaporte? ¡Todavía si fuera dinero…!”.

Bueno, pues esta es la realidad nauseabunda del campo en Castilla-La Mancha. Y en esas sale el líder de ASAJA y dice que la supresión de los contratos en origen no afecta a los agricultores de la región. Claro, quizá no les afecta porque nunca se acogieron a esos contingentes. Prefieren la economía sumergida. Como escribió Soledad Gallego-Díaz en una columna en El País sobre este asunto: “Al menos en la California de los años treinta no existían sindicatos: aquí, para su vergüenza, son los sindicatos agrarios los que se hacen los locos. Tanto como la consejera de Agricultura de la comunidad” (07.09.07).

Se me ocurre pensar tres cosas. Una, que en ASAJA han perdido la noción de la realidad, o tal vez peor, que la tienen demasiado desarrollada. Dos, que los agricultores de Castilla-La Mancha, a estas alturas del calendario, ya han encontrado trabajadores españoles para sustituir a rumanos y búlgaros. Ja. O tres, que estos mismos agricultores están dispuestos a seguir defraudando al Estado y explotando a los inmigrantes haciéndoles trabajar sin contratación alguna.

Me pregunto qué opinan los responsables del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, el delegado y los subdelegados respectivos. Me pregunto si harán algo. Y si hacen algo, me pregunto si será decente.

Y tengo varias dudas:

¿Qué tipo de medidas va a impulsar el Gobierno, si finalmente cancela las contrataciones en origen, para garantizar la legalidad en las contrataciones de los temporeros? [El ministro de Trabajo acaba de decir que los temporeros quedarán exentos de la medida, pero eso no erradica la precariedad]

¿Seguirá la Administración haciendo la vista gorda ante las irregularidades de los propietarios agrícolas?

¿Qué clase de papel desempeñan unos sindicatos del campo que parecen defender, sólo, a los trabajadores españoles?

¿Quién defiende a los trabajadores inmigrantes, sin los cuales, en los últimos años, hubiera sido imposible recoger la uva, la fresa, la pera, el espárrago o el tomate?

¿Por qué la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha se lava las manos, tan ricamente, en un asunto que le afecta de lleno?

¿Por qué el sindicato agrario de Guadalajara no dice esta boca es mía en todo este turbio asunto?