Dos editoriales, dos visiones distintas de la investigación del incendio de Guadalajara
Copio los editoriales de hoy de La Tribuna de Guadalajara y El Digital Castilla-La Mancha. Parece que hablan de cosas distintas:
EDITORIAL
Depurar todas las responsabilidades
La Tribuna
26.09.06
La investigación judicial del incendio de Riba de Saelices ha dado un giro después de que la Audiencia Provincial de Guadalajara en un auto, cuya ponente es la presidenta Concepción Espejel, pide a la jueza de Sigüenza que instruye el caso que, además de aclarar la responsabilidad de los excursionistas que provocaron el fuego, depure también posibles responsabilidades de los técnicos y que investigue «los posibles indicios de criminalidad» o de «imprudencia punible» de los «técnicos forestales o de responsables de la coordinación y la gestión de los medios de extinción».
Las más 3.000 conversaciones, que en principio no fueron admitidas por la investigación al aceptar únicamente las anotaciones y un resumen de ellas, serán ahora estudiadas con todo detalle y, además de dar la posibilidad a los investigadores de conocer de forma directa cómo se vivieron aquellas trágicas horas, servirán para depurar todas las responsabilidades a las que se hubiesen dado lugar.
Los familiares de las víctimas del incendio, que fueron quienes solicitaron a la Audiencia que se incluye en la investigación la transcripción de las conversaciones, mostraron ayer su satisfacción por la decisión del máximo órgano judicial de la provincia de Guadalajara. Se da respuesta así a la demanda que llevaban haciendo prácticamente desde el mismo día en el que murieron sus seres queridos abrasados por las llamas.
Es de justicia que se investigue absolutamente todo, que no quede nada sin indagar, una llamada por analizar, una decisión por valorar, porque sólo de esta manera se depurarán todas y cada una de las responsabilidades y no quedará ninguna sombra sobre lo ocurrido hace exactamente 14 meses en Riba de Saelices. De esta manera, además, se podrá poner fin a las desconfianzas y a las acusaciones, podrá dejar de ser utilizado el incendio y sus terribles consecuencias políticamente y, finalmente, dar sosiego a los desconsolados familiares.
No obstante, lo que parece estar ya bastante claro a estas alturas de la investigación judicial, y según se publicaba ayer, es que pudo haber falta de coordinación y de medios, pero que la muerte de los once miembros del retén de Cogolludo se debió a un accidente, «una explosión impredecible del monte».
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EDITORIAL
INCENDIO, LA JUSTICIA REACCIONA
Eldigitalcastillalamancha.es
26.09.06
El proceso penal que se sigue en el caso del incendio de Guadalajara ha entrado en una nueva fase. Las cosas pueden complicársele al Gobierno regional y quizá a alguien más del 112.
26 de septiembre de 2006. Los familiares de las víctimas del trágico incendio del verano de 2005 en el Condado de Molina han mostrado los últimos meses su preocupación por la forma en que la Justicia está llevando cabo el proceso que se sigue para depurar las responsabilidades penales del caso. El PP está en la misma posición de denuncia y preocupación.
La jueza instructora, María Concepción Azuara López, titular del Juzgado de Sigüenza, se quejó en algún momento, y así consta en las diligencias, de que desde los gobiernos nacional y el regional le enviaban información deliberadamente genérica y opaca, e insuficiente; de que se ignora qué aeronaves volaron los días 16 y 17 de julio, de que no queda claro qué aparatos intervinieron en Guadalajara, de que el Ministerio de Medio Ambiente ha tardado más de tres meses en contestar a la solicitud formulada…
Pero las quejas de la acusación iban dirigidas sobre todo al fiscal pues parecía que pasaba del caso y su actitud hacía creer que se trataba del abogado del Gobierno regional. En ese sentido los representantes procesales de la mayor parte de los afectados denunciaron en su momento que el Ministerio Fiscal estaba realizando una deficiente labor por sus escasas intervenciones en las diligencias o declaraciones y porque en ocasiones se limitaba a comparecer por videoconfenrencia sin hacer preguntas y sin pedir pruebas del caso.
En las últimas semanas también se habían oído voces de protesta contra la propia jueza instructora, sobre todo por denegar la petición de los familiares de que se transcribieran a papel todas las conversaciones del 112. La juez alegaba que no estaba especificada «la finalidad de dicha prueba» ya que el sumario tiene «las anotaciones efectuadas esos días».
Ahora la Audiencia Provincial de Guadalajara les ha dado la razón a los denunciantes a través de un auto dictado por su presidenta, Concepción Espejel, quien afirma que las llamadas pueden ser relevantes porque de ellas se pueden desprender «algún tipo de imprudencia punible a alguno o algunos de los técnicos forestales», lo que da un giro importante a las actuaciones en relación con lo que se pensaba hasta el momento y que el mismo Fiscal General, Cándido Conde Pumpido, describía, a mediados del mes de julio, diciendo que en este caso había mucho trabajo «a pesar de que no se ha hallado responsabilidad penal concreta».
La presidenta de la Audiencia considera en cambio que sí la puede haber, lo que anima a los familiares a pensar que definitivamente podrán llegar algún día a saber la verdad de lo ocurrido aquel nefasto 17 de julio de 2005.