La Garlopa

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció en vísperas de la campaña electoral que la renta de nuestro país había superado a la de Italia. Gran parte de la clase dirigente en España sostiene que somos la octava potencia económica mundial. La primera línea de nuestra patronal apuesta por los negocios en la Unión Europea, a veces con éxito y otras no tanto, como Ferrovial en el aeropuerto de Londres o Sacyr en Francia. Y aquí, mucho más cerca, los impulsores del Corredor del Henares aseguran que se ha convertido en el cinturón industrial “más dinámico” del sur de Europa, que no sabemos muy qué quiere decir, pero que es sinónimo, aparentemente, de prosperidad. Pues bien, todo eso no sorprendería si no fuera porque en las cosas del día a día, las que nota el ciudadano de a pie, España sigue marcando una inquebrantable línea de diferencia con los países de su entorno. Y no precisamente para bien. O sea, que seguimos instalados en la cochambre funcionarial, a la espera de que algún Ejecutivo se tome en serio la ventanilla del Estado. Cuando Rafael Azcona llegó a Madrid en 1951, la capital española era un poblachón plagado de funcionarios, algunos de cuyos vicios retrató de forma magistral en sus películas. ¿Cuál es la diferencia con el presente? Quizá la avalancha de ordenadores, pero no está claro que hayan aportado toda la bondad que se les presuponía. Porca miseria, que dicen los italianos, para aquellos que tengan que sufrir los estragos de la informática.

Como si no tuviera bastante con una huelga de funcionarios de la justicia, las articulaciones del Estado sufren artrosis allí donde más duele a la gente. Pondré un ejemplo nítido que se dirime en las comisarías de policía, y no tiene nada que ver con un delito. Se trata de la renovación del documento nacional de identidad (DNI). Una cuestión que parece baladí, pero que no lo es. Se ha convertido en una odisea por obra y gracia de una Administración pública anquilosada, incapaz y carente de inversiones. El espectáculo de los últimos meses ha sido propio de un país tercermundista. En cambio, se ha producido en la “octava potencia económica del mundo”. Ahí es nada. Miles de ciudadanos han tenido que madrugar lo indecente, que equivale a levantarse a las cuatro, para cumplir con un trámite que impone el Ministerio de Administraciones Públicas. Las colas para renovar el DNI o el pasaporte no tenían nada que envidiar ni a las del paro o las del súper. Para intentar evitarlo, las cabezas pensantes del ministerio idearon una fórmula que consideran magistral: aplicar un sistema de cita previa. Tan rápido como llamar a un número de teléfono, identificarse y en un plis, plas, hecho. El encuentro queda reservado y todo el mundo sabe qué día y a qué hora tiene que acudir a satisfacer las exigencias burocráticas de nuestro Estado. Con ello, en teoría, el ciudadano consigue no perder horas de sueño y tampoco la paciencia. Pero hete aquí que la cosa tiene su miga. Les voy a explicar mi historia personal no porque tenga importancia, que carece de ello, sino a fin de ilustrar una situación que estoy seguro han vivido muchos de los lectores de esta revista.

El primer paso, que no es fácil, consiste en averiguar el número de teléfono de la cita previa o, en su defecto, de la comisaría más cercana. Como dispongo de internet, me resultó accesible gracias a los nunca bien ponderados tentáculos de Google. Pensé qué hubiera hecho mi abuela en este caso, o cualquier otra persona que no esté familiarizada con internet, cosa nada rara en un país donde la pomposa Sociedad de la Información todavía es minoritaria. Decidí llamar a la comisaría que tengo más cerca, que es la de Chamartín. Un tono, dos tonos, tres tonos. Varias llamadas. Así hasta dos minutos. Nadie coge el teléfono. Menos mal que no llamo para denunciar un atraco… Decido entonces probar con el número oficial de la cita previa, que por cierto es el 902 247 364. Una gélida operadora me pregunta por los pasos a seguir: el número del documento, el lugar de residencia, la comisaría donde quiero hacer el trámite y, cuando todo eso está concluido, me comunica que la fecha más cercana es el próximo 10 de julio. Han leído bien: julio. Desisto en la confirmación de la reserva y lo intento en otras comisarías de Madrid. Nada. De las dieciséis que tiene esta ciudad, todas dan como fecha más próxima mediados de julio. Entonces se me ocurre llamar al teléfono de Guadalajara, que por cierto es el 949 248 441. Pero tampoco contesta nadie. Como era por la mañana, supongo que andarían muy liados expidiendo carnés de identidad. Para evitar el mal trago de la operadora, pincho en la página web citapreviadni.es y trato de fijar una fecha en la comisaría de Guadalajara. Al fin y al cabo, como estoy empadronado en el pueblo, me parece lo más lógico. Después de una serie de pasos, cuál fue mi tristeza al ver que la fecha que me proponía la operadora era el 8 de julio. Otra vez julio. Casi igual que en Madrid. Así que agotados los trámites ordinarios, a la desesperada, como hacen los porteros cuando suben a rematar un saque de esquina de su equipo, marco el 060, el teléfono de atención al ciudadano. De nuevo sale una máquina operadora y dice: “si desea información sobre documento nacional de identidad, pasaporte, registro nacional de asociaciones o asistencia a víctimas del terrorismo, marque 1”. Me quedo estupefacto: el Gobierno mete en el mismo saco la renovación de unos documentos con la ayuda a las personas que sufren el terrorismo. Como me quedo callado, la operadora insiste: “si es usted víctima, diga víctima”. Textual. Increíble.

Así está el patio de Monipodio, que ya escribió Cervantes sobre la podredumbre de nuestro sistema público. Hay cosas que no han mejorado mucho con los años, ni siquiera con los siglos. Juro, si no fuera por el riesgo de multas, que dan ganas de permanecer con el carné sin renovar, a la espera de que monten una comisaría en mi pueblo. Se dice pronto, pero aquí y ahora, en este país y en este siglo, hay que esperar más de tres meses para renovar el principal documento que nos acredita como ciudadanos del Estado español. Ya no vale, ni siquiera, el vuelva usted mañana de Larra. Ahora nos lo fían más largo.