Mis amigos

22 febrero 2006

REPORTAJE

Un futuro incierto para los ancianos españoles

Actualmente somos testigos del progresivo “envejecimiento de la sociedad”. Esta expresión parece transmitir una idea negativa, de decadencia de la civilización, cuando en realidad se trata de un éxito, de nuestro control sobre las enfermedades y la natalidad. Por Rocío Aguilar.
3º Periodismo
Rocío Aguilar

La evolución demográfica de la población a nivel mundial pone de manifiesto la escasa capacidad del hombre para anticiparse a los cambios, haciendo previsiones y diseñando estrategias que permitan abordar nuevos retos. Actualmente somos testigos del progresivo “envejecimiento de la sociedad”. Esta expresión parece transmitir una idea negativa, de decadencia de la civilización, cuando en realidad se trata de un éxito, de nuestro control sobre las enfermedades y la natalidad. Este logro genera una serie de consecuencias sociales que han de ser asumidas por las administraciones públicas. Con la instauración del Estado del Bienestar, se espera que el gobierno garantice a todos los ciudadanos una vejez digna. Esta demanda social requiere de pensiones de jubilación suficientes, el libre acceso al sistema de salud y hospitales, y adecuadas infraestructuras de asistencia psicológica y social.

La población española ha multiplicado por seis veces sus ciudadanos mayores de 65 años. Según las previsiones realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, “en el 2020 uno de cada cinco españoles tendrán más de la edad mínima de jubilación”. Incluso estudios de la O.C.D.E. sobre demografía demuestran que “en el 2025 España será el país más longevo del mundo”. Las razones que han producido el incremento en la tasa de envejecimiento son de orden social y económico.

En primer lugar, el avance de la medicina y la mejora de las condiciones de vida han provocado un descenso de la mortalidad tanto al nacer como a los 65 años. Una mayor esperanza de vida constituye uno de los aspectos más importantes del desarrollo humano. En España, este proceso comenzó a desarrollarse en las primeras décadas anteriores a la guerra civil. Una de sus principales causas fue la reducción de las enfermedades infecciosas gracias a una mejora en la alimentación y en la higiene.

El desarrollo de antibióticos y otros medicamentos permiten curar fácilmente una enfermedad que años anteriores era mortal. Aún así, las muertes por accidentes de tráfico, el consumo de tabaco u otras drogas, y el cáncer son los primordiales objetivos a superar hoy en día. Los instrumentos del gobierno para la política de salud se basan en las campañas de información para influir sobre las conductas como, por ejemplo, las campañas anti-tabaco o anti-alcohol, o los sistemas de control de epidemias; y la capacidad normativa del Estado en la reglamenta-ción de la práctica de la medicina o la obligación de vacunar a los niños.

Por otra parte, estamos asistiendo a un progresivo descenso de la natalidad como consecuencia del progreso económico y el cambio de mentalidad, sobretodo por parte de la mujer. La incorporación de ésta al mercado laboral y a la vida económica, así como la pérdida de influencia de la moral tradicional religiosa en las costumbres sociales, ha hecho que la natalidad caiga en picado.

Asimismo, los niños nacidos durante el baby-boom que se produjo tras la segunda guerra mundial en USA y Europa se jubilarán entre los años 2010 y 2025 causando graves trastornos en la economía. Teniendo en cuenta la falta de oportunidades laborales en España, respecto a las que ofrecen otros países europeos, muchos jóvenes tienen que emigrar provocando así un mayor envejecimiento de la población.
Esta revolución demográfica afecta directamente a nuestro sistema económico y social. El número de personas en edad de trabajar y pagar impuestos se reduce en comparación con el número de ciudadanos que reciben ayuda financiada por el Estado. El sistema de jubilaciones se ve así seriamente dañado, y únicamente el fenómeno de la inmigración de trabajadores parece ser capaz de compensar las carencias demográficas de la oferta laboral. Ante este incremento de ancianos dependientes, el Estado ha de proveer los servicios de salud usando infraestructuras de su propiedad y empleados públicos, pero también financiando la prestación privada.

La realidad de nuestros mayores

La situación actual de los ancianos es bastante precaria y empeorará si no se toman medidas de forma inmediata. La mejora de las condiciones sanitarias ha permitido alargar la vida un número importante de años. Sin embargo, en las edades avanzadas esta calidad de vida disminuye, teniéndonos que enfrentar a la progresiva incapacidad y la consecuente dependencia del anciano. Según el Ministerio de Sanidad y Consumo, “la media de la esperanza de vida con buena salud es de 53 años”. Estudios de la Organización Mundial de la Salud muestran que “la tercera parte de los españoles mayores de 65 años tiene algún grado de discapacidad”. Estos datos ponen de manifiesto la disminución de la capacidad para realizar de forma independiente determinados actos relacionados con la movilidad como, por ejemplo, levantarse y acostarse de la cama o simplemente caminar.
La familia tradicional amplia empieza a desmoronarse y da paso a la familia nuclear donde solo conviven padres e hijos, por lo que los abuelos no tienen cabida en este esquema. La mujer, tradicional encargada de estos cuidados, ha ido abandonando este papel debido a su incorporación al mercado laboral. Estas razones, unidas a la incapacidad de muchos mayores para vivir en su domicilio de forma independiente, hacen que el Estado haya de suplir la carencia de atención sanitaria de éstos ancianos.
La dependencia social del Mayor está unida a la ausencia de autonomía económica. El principal patrimonio de nuestros mayores es su vivienda, de la que no todos son propietarios. En la encuesta realizada por el CIS y el IMSERSO se comprueba que “el nivel de ingresos mensuales en más de la mitad de los casos no supera los 500 euros”. El supuesto “Estado del Bienestar” ha hecho a los gobiernos replantearse algunas medidas económicas como la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo interprofesional, y la revalorización anual de las pensiones según el IPC. A pesar de ello, el sueldo de más de la mitad de las personas mayores está por debajo del umbral de la pobreza.

Según Enrique Múgica, Defensor del Pueblo, “el sector sanitario sigue siendo uno de los que recoge más quejas”, y “las listas de espera uno de sus mayores problemas”. La principal causa de esta cuestión es la “inadecuada coordinación entre los servicios sociales y sanitarios”. Este informe manifiesta que “los mismos problemas se repiten año tras año”, y critica la existencia de “desequilibrios territoriales, especialmente en el campo de la salud mental, y la carencia de infraestructuras para atender a ciertos enfermos”.

La vida en una Residencia de ancianos

Antes de la aparición de las residencias, la asistencia al anciano formaba parte de los programas de atención benéfica que se daba a indigentes y enfermos. Estos se basaban en cubrir las necesidades primarias de alojamiento y alimentación. En los años 70 se empiezan a organizar los primeros sistemas de Servicios Sociales para la Tercera Edad en España. Se dirigen a la creación de grandes residencias, a diferencia de otros países, donde las plazas residenciales se complementan con los sistemas de ayuda a domicilio. A mediados de los años 80 surge la iniciativa de la empresa privada para intentar dar respuesta a la demanda asistencial, pero ésta solo favorece a las clases económicas más fuertes. El acceso a las plazas públicas es prioritario para los ancianos con dificultad económica y situación social desfavorable, que deberán aportar un porcentaje en torno al 75-80% de sus ingresos. Entre ambos segmentos de población nos encontramos uno, con un poder adquisitivo medio, cuya capacidad económica limita su acceso a plazas públicas, y tampoco le permite alcanzar una plaza privada. De este hecho surgen las plazas concertadas, en las que el mayor aporta una cantidad fija no proporcional a sus ingresos y el resto lo cubre la administración pública.

La oferta actual de plazas residenciales en nuestro país se encuentra muy por debajo de los niveles de cobertura ofrecidos en los países de nuestro entorno, donde se superan las cinco plazas por persona mayor de 65 años. El esfuerzo de construcción de residencias ha de ser más fuerte en algunas Comunidades Autónomas, ya que las diferencias territoriales son evidentes

Según la encuesta realizada por la revista Consumer sobre las características de las residencias, los mayores problemas a los que han de enfrentarse los ancianos son “la escasa intimidad, ya que hay pocas habitaciones individuales, y las listas de espera en el 71 % de los centros”. “Solo en el 36% de las residencias hay médico permanente, y la satisfacción con la higiene es irregular”.

El encarecimiento del suelo ha hecho que construir una residencia sea todo un reto. De hecho, muchos centros públicos están situados a las afueras de las grandes ciudades donde el precio del suelo es mucho más barato. El principal inconveniente es que los mayores se encuentran muy lejos de su hogar, de sus familiares, que cada vez lo tienen más difícil para ir a verles.
Elena es una anciana de 80 años que vive en la Residencia Los Nogales, en pleno centro de la capital. Abona 2340 euros al mes, y tiene acceso a clases de gimnasia, cursos de tango, taller de relajación, bingo… Actividades que no utiliza. Elena cuenta con ironía la difícil convivencia con personas que no conoce de nada. “Cada uno tiene sus manías y a veces es complicado, hay mucha gente que ni siquiera se saluda”. “Yo ya no aguanto más aquí, y en cuanto pueda me vuelvo a mi casa”. Elena vivía con su hija, Doctora en Ciencias Físicas, que decidió llevarla a una residencia sin tener en cuenta los deseas de su madre. Ahora “harta de aguantar en un sitio donde no tiene el cariño de los suyos”, dice hacer todo lo posible por volver a su hogar. Odia la comida que le preparan y no soporta ver como sus pocas amigas de convivencia se “van” poco a poco. Le gustaría valerse por sí misma, pero reconoce que es imposible, por lo que pide ayuda sin tener que salir de su propio domicilio.

Recursos sociales alternativos

Actualmente existen una serie de recursos sociales alternativos al ingreso en la residencia. Entre ellos destacan los “Centros de día” que, aunque su presencia aún es muy escasa, asisten a sujetos con alguna discapacidad y tienen carácter fundamentalmente rehabilitador. Hay otro tipo de alojamientos que albergan a ancianos con necesidad de ayuda, bien porque viven solos, bien porque tienen dificultades con su vivienda habitual. Suelen ser apartamentos individuales destinados a dos o más personas pero nunca a grupos grandes de convivencia. En ocasiones, el mayor que precisa de compañía y de pequeñas ayudas para su actividad diaria recibe en su domicilio a un joven a cambio de resolver sus necesidades de alojamiento.

El “Servicio de Ayuda a Domicilio” (SAD) es de vital importancia porque incrementa la autonomía del mayor en su vivienda. El SAD presta apoyo en el desarrollo de tareas y actividades para las que el mayor precisa ayuda, tanto en el ámbito doméstico como personal. Beatriz López es una enfermera de 25 años que actualmente trabaja en el hospital clínico de Madrid en la planta de geriatría. Para Beatriz, “el cuidado de los ancianos requiere una atención más individualizada que otros enfermos”. A pesar del esfuerzo “es mucho más reconfortante porque cualquier cuidado es correspondido con mucho cariño”. Sin embargo, la otra cara de la moneda es “la tristeza que produce la pérdida de esas personas” porque “aunque estemos acostumbradas a ver muchas cosas, no se puede evitar”. Beatriz recuerda con melancolía el caso de una anciana tetrapléjica que lleva ocho años encerrada en su domicilio sin poder salir, ya que vive en un piso muy alto. “Estas injusticias son las que te hacen replantearte qué hacen las administraciones públicas por estas personas”.Esta joven enfermera cree que es urgente que se tomen una serie de medidas por parte del gobierno para “potenciar la ayuda a domicilio”. Una de las mayores deficiencias de este sistema en España es la descoordinación entre “el ámbito social y sanitario”, que deberían trabajar juntos para resolver este problema. Beatriz propone “la creación en los municipios de unos grupos específicos destinados a la coordinación de todos los recursos asistenciales para los ancianos”. Esta práctica sólo podría ejercerse a través de un aumento del voluntariado, pero sobretodo de los recursos económicos.

Asimismo, cada vez se implantan más el servicio de “teleasistencia”. Se basa en un dispositivo tipo pulsera o colgante que el anciano lleva siempre consigo y le permite enviar una señal de emergencia cuando se encuentre mal. Muchas de las llamadas se producen con la intención de reclamar el apoyo afectivo de la persona que esta al otro lado del teléfono, sobretodo cuando el anciano vive solo.

Julia es una mujer de 88 años que vive en pleno centro de Madrid con su hija. A pesar de su avanzada edad es totalmente independiente y puede realizar todas las tareas de forma autónoma. Pasa mucho tiempo sola puesto que su hija trabaja fuera de casa. En su reloj tiene un dispositivo que le permite conectarse con los servicios sociales de la Comunidad de Madrid. Todos los sucesos que ve en la televisión en relación con los robos a ancianas le han hecho tener miedo, e incluso dudar antes de abrir la puerta a un extraño, pero según Julia “con el aparato me siento mucho más tranquila”. “Las asistentes sociales me llaman muy a menudo para preguntarme qué tal estoy o si tengo algún problema”. Pero cada llamada es realizada por una persona distinta que, aunque tiene el historial del paciente, le cuesta adaptarse al nuevo caso. Al contrario, su vecina Ángela de 88 años
piensa que el “aparato” no sirve para nada, porque “si no te encuentras en buenas condiciones cuando tienes el problema no serás capaz ni de apretar el botón, y quizás “cuando lleguen ya sea tarde”.Ángela vive sola desde que murió su marido hace diez años y dice saber cuidarse por si misma perfectamente. Afortunadamente no necesita ningún cuidado especial, pero si lo requiriese sería muy difícil obtenerlo, puesto que no tiene familia que la cuide, y “entrar en una residencia pública es una odisea”. Su renta no le permitiría contratar un servicio privado, por lo que debería aguantar una lista de espera entre dos y tres años.

La Residencia del futuro

El progresivo aumento de la demanda en servicios sanitarios, hace que la residencia del futuro tenga que prestar sus servicios a través de diversas unidades coordinadas entre sí. Se trata de dar una asistencia más homogénea, en la que se combinen centros de larga estancia, centros diurnos, la atención a domicilio etc.

El futuro desarrollo de los Centros Residenciales, que van a albergar a usuarios cada vez más exigentes, educados en la cultura del bienestar y con un nivel cultural y socioeconómico mucho más elevado que el actual, va a obligar a ampliar este abanico de oferta asistencial para dar respuesta a nuevas demandas de los Mayores.