La Garlopa

Después de criticar abiertamente a Cataluña por tramitar, por cierto con escrupuloso celo de la ley, la reforma de su Estatuto de Autonomía, el presidente de Castilla-La Mancha y la presidenta del principal partido de la oposición decidieron que había llegado también el turno de Castilla-La Mancha. Y entonces tanto José María Barreda como María Dolores de Cospedal acordaron que el Estatuto se había quedado desfasado para atender las necesidades de la región y que, en consecuencia, convenía modificarlo. O sea, exactamente el mismo argumento que, antes, mucho antes, habían utilizado Cataluña, la Comunidad Valenciana, Andalucía o Aragón para alterar sus propios estatutos. Resulta curioso repasar los epítetos que Barreda y Cospedal desplegaron contra los políticos catalanes a cuenta de una reforma que, al parecer, ponía en peligro la sacrosanta unidad del Estado. Han pasado más de tres años y medio desde que el “Estatut” lleva aplicándose, seguimos sin sentencia del Constitucional y ya ven, España sigue viva y coleando. En crisis, pero viva.

Apuntado este prólogo, sorprende que Barreda y Cospedal sigan criticando en otros líderes, incluso de su propio partido, aquello que luego tratan de aplicar en su territorio. Pocos reconocen que Cataluña fue abanderada de este proceso reformador, pero al final casi todas las autonomías han seguido pasos muy parecidos. Es cierto que el Estatuto de Castilla-La Mancha no confunde región con nación, ni se arroga un Poder Judicial propio. Pero sí defiende la administración unilateral de un trasvase que afecta a varias cuencas, parcela que corresponde exclusivamente al Estado. Por lo tanto, me pregunto por qué cuando Barcelona pide la gestión de El Prat algunos denuncian que se trata de cantonalismo y, en cambio, cuando Toledo pretende blindar Entrepeñas se queda en españolismo constitucional. ¿Será daltonismo político?

Yendo al grano, el PSOE y el PP pactaron en las Cortes un Estatuto que fijaba el horizonte de 2015 como fecha límite para suprimir el trasvase Tajo-Segura. Con el paso del tiempo, esta posición de máximos se ha ido cayendo como un castillo de naipes. En parte porque el Congreso y los aparatos de los dos partidos son más rocosos de lo que parecen, y en parte porque entre el PSOE y el PP se ha ido abriendo una grieta cada vez más grande que tiene como meta las elecciones autonómicas de mayo de 2011. No se puede defender una reforma estatutaria si no hay consenso de verdad. Tampoco si no se escenifica una posición unitaria allí donde se juega la verdadera partida, que es la Comisión Constitucional del Congreso. Quizá por todo ello, la aprobación la semana pasada de la ponencia del Estatuto quedó deslucida. Los compañeros de El Mundo que siguen a diario la información parlamentaria me dicen que la tramitación está siendo larga, tediosa y empedrada por la falta de una posición común de los mismos que la impulsaron. Porque ya no es que las direcciones del PP y el PSOE discrepen del preámbulo y del articulado del nuevo Estatuto. Lo paradójico es que ni siquiera los diputados nacionales castellano-manchegos de uno y otro partido se han puesto de acuerdo. Y eso significa que el proyecto está poco trabajado, que cojea el liderazgo político de los dirigentes regionales y que la chapuza está ya a la vista de todo el arco parlamentario.

Barreda, al igual que le ocurre con las nucleares, parte con la ventaja de sintonizar con la postura nacional de su partido en el asunto de los trasvases. Si los socialistas se opusieron al trasvase del Ebro con tanto ahínco, si los socialistas en Aragón lograron sacar adelante una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos, no tendría que haber ningún problema en que el Grupo Socialista en el Parlamento, en bloque, apoyase la propuesta que ya ha aceptado Barreda: dejar la reserva en 4.000 hectómetros. Sin embargo, los dirigentes socialistas valencianos y murcianos ya han puesto el grito en el cielo. La que sí parece más contradictoria es la opinión del PP y de Dolores de Cospedal. Si antes se mostró partidaria de acabar con el trasvase, ¿por qué ahora rechaza una reserva hídrica que, en la práctica, supondría casi el fin de la tubería al Segura? ¿Es que no sabía que los líderes del PP en Valencia y Murcia, que ganan elecciones y tienen mucha influencia en Génova, se lo iban a tirar en cara? En este asunto, como también le ha pasado con el almacén nuclear, vuelve mostrarse incoherente por no decir humillada en el seno de su propio partido.     

Y a todo ello, por cierto, hay que sumar el desacuerdo en la reforma de la Ley Electoral, que ya se encuentra en vigor pero que también está incluida en el Estatuto. Un obstáculo en la negociación que, a día de hoy, parece insalvable. En resumen: Aunque haya superado el trámite de la ponencia y la prensa murciana hable de una batalla “ganada por Castilla-La Mancha”, lo cierto es que la reforma del Estatuto sigue empantanada, que Barreda estaría obligado a retirar un texto mutilado, que el PP sabe que sin sus votos el Estatuto no puede salir adelante y que, entretanto, la clase política del Levante sigue frotándose las manos. Por circunstancias desconocidas, la milonga de una política hidráulica nacional y de la solidaridad entre regiones no vale ni para el Ebro ni para el Guadalquivir, sino solamente para el Tajo. Esa es la verdadera batalla que aún queda por ganar.