La vida en la capital
Vivir en Madrid se ha convertido en una auténtica pesadilla. Además del tráfico y la contaminación acústica y medioambiental, hay que sumar ahora un proyecto urbanístico que, al parecer, aumentará la calidad de vida de los madrileños: la reforma de la M-30. Una obra de descomunales proporciones que ofrece muchas dudas y críticas: ¿en qué proyectos técnicos se fundamenta? ¿Ha pasado realmente el procedimiento de impacto ambiental? (existe un informe contrario de la Comisión Europea) ¿Cómo se va a hacer frente al gasto público que conlleva?. Son preguntas que muchos ciudadanos se plantean argumentando su derecho a ser informados. A veces una se pregunta también si vive en una sociedad democrática o simplemente en un sistema político mediático, donde todo espectáculo y engaño son válidos, a cambio de embolsarse un puñado de votos y satisfacer unos intereses personalistas, en esta ocasión bajo dos nombres clave: suelo y ladrillo. Una afición muy extendida entre la clase política española.
El soterramiento de la M-30 es un proyecto que se enmarca en este modelo de “hacer política” despótica y de espaldas del ciudadano. Su gran valedor tiene un nombre: Alberto Ruiz-Gallardón, un alcalde en el que millones de madrileños depositaron su confianza hace tres años, dada su brillante carrera política y su notable gestión al frente del Gobierno regional. Un político que ha quedado muy desprestigiado y cuyo único fin desde que llegó al Ayuntamiento de la capital, o al menos eso parece, ha sido transformarse en “faraón” de las grandes obras que padecemos. Hay muchos ciudadanos que se sienten defraudados con su política. Por cómo se han llevado a cabo las obras sin consultas populares ni campañas de información de ninguna clase. Sienten desesperación, estrés e inseguridad, traducidos en el trance diario de ruidos, caravanas interminables y un entorno muy degradado. Gallardón, sin embargo, parece absorto ante las protestas: «Trabajo para aumentar su seguridad, introduciendo mejoras con el proyecto de la M-30 que podrían disminuir en un 56% los accidentes graves que, de continuar las tendencias actuales, se producirían en 2007”. Además de la disminución de la accidentalidad, otro argumento descaradamente esgrimido por el Señor Alcalde es que favorecerá nuestra seguridad vial. Una necesidad de la que carecen los mismos obreros que hacen posible la reforma trabajando sin jornadas laborales tipificadas.
El futuro todavía está por desvelarse. Quizá ahora se impone el turno de la reflexión. Los madrileños deben pensar fríamente en los efectos sociales, políticos y económicos (aumento en un 30% de los impuestos) que se van a derivar de este capricho inexplicable y erróneamente ejecutado. Los resultados los analizaremos, a partir del 28 de mayo de 2007, día en que se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas y en el que tenemos una oportunidad para castigar o premiar a un político demasiado acostumbrado a las grúas de obra.