El Mundo publicó el lunes un suplemento de caza con una amplia investigación de varios compañeros sobre el negocio cinegético y sobre cómo se reparte la propiedad de los cotos en nuestro país: 500 familias controlan el 4,1% del territorio español. Juan Abelló y su familia, el ganadero Samuel Flores y los terratenientes Mora Figueroa Domecq son los principales propietarios. A lo largo de la semana estamos publicando en la edición digital varias piezas de este trabajo. Yo he puesto mi granito de arena con un artículo sobre el trasfondo político de las cacerías: desde las monterías que organizaba Franco y la oligarquía de la dictadura hasta la afición a esta práctica de los Borbones, los escándalos políticos asociados a la caza -como la dimisión del ministro de Justicia de Zapatero- y las cacerías organizadas por los de la Gürtel donde traían el marisco en helicópteros. El tema da juego para un desplegable, pero lo tuvimos que resumir en una página.

Con este asunto de la inmersión lingüística me suele ocurrir una cosa curiosa: gente que no es de Catalunya, que ni ha estudiado ni ha dado clases en Catalunya, me dice a mí, estudiante en Catalunya desde EGB a la universidad, lo pérfido que es este sistema. Trato de explicarles mi experiencia personal, que es la de la generación de los hijos de los emigrantes castellanohablantes de los años 60 en adelante. Trato de explicarles que, a lo largo de tres décadas, ese sistema -forjado con una amplia mayoría que rebasa el espectro nacionalista- fue un factor de cohesión social, no segregador. Trato de explicarles que, por muchas sentencias del TS que indiquen lo contrario, no fue un elemento discriminatorio para los castellanohablantes, sino todo lo contrario. Trato de explicarles que el uso del catalán como lengua vehicular no destierra el castellano, que sigue siendo la lengua habitual para el 49% de los ciudadanos catalanes, frente al 36% que usa el catalán (datos del INE). Da igual. No hay manera. Los prejuicios pueden más. Es un tema contaminado hasta las trancas de política. Ojo, contaminado en Madrid por la derecha, pero también en Barcelona por el independentismo, que sabe que la escuela en catalán es el pal de paller de su proyecto. Para unos, cualquier modelo alternativo al bilingüismo puro es discriminatorio. Para otros, cualquier revisión por mínima que pueda ser de la inmersión supone casi un atentado a Catalunya, lo cual es absurdo porque lo que debería primar siempre es el criterio pedagógico. Y así andamos, a ciegas. Unos, poniendo el grito en el cielo por una enmienda que no hace más que restaurar lo que había antes de la Ley Wert. Otros, obsesionados con tratar el castellano como si no fuera también una lengua propia de Catalunya.

El filósofo y ex presidente del Senado, Manuel Cruz, ha escrito un libro muy interesante de su paso por las Cortes. Es indulgente con las siglas que representa, pero su enmienda a la totalidad a la evolución de Podemos, que ha pasado de impugnar la casta a sentarse en el Consejo de Ministros; y al reto que representa el independentismo son particularmente muy oportunas en este momento. Él cree que el sistema del 78 está resistiendo bien los embates de fuerzas disolventes. Yo lo pongo en duda en esta columna porque creo, más allá de las diferencias ideológicas entre partidos, que estamos ante una generación de políticos que carece de proyecto de país. El «bibloquismo» o política de bloques es un instrumento aún más rígido que el bipartidismo.

La libertad de expresión no ampara el derecho a mentir, calumniar ni difamar. Mentir a sabiendas y difundir bulos no está amparado en el artículo 20 de la Constitución. Y los titulares del derecho a la información no somos los periodistas, sino los ciudadanos. Así que se me ocurren tres cosas sobre el polémico y mal llamado «comité de la verdad» que auspicia Moncloa:

Biden gana en 24 de las 25 ciudades más pobladas de EEUU y arrasa en las áreas metropolitanas de Estados tradicionalmente republicanos, como Texas o Georgia, y en los que Trump se queda con la mitad de los sufragios gracias a sus apoyos en los condados rurales. No se pueden entender los resultados en EEUU sin la división campo-ciudad, cada vez más importante en la agenda global. Ya lo demostró el Brexit. O los chalecos amarillos en Francia. O la España devota y de sacristía que vota a Vox. Lo que sería un error es clasificar automáticamente de conservador el voto en las áreas rurales. Es tan complejo como el voto urbano. Escribo de esto la columna semanal.

Entrevisto hoy en el periódico a Manuel Arias Maldonado, profesor de Ciencia Política de la Universidad de Málaga y columnista de El Mundo. Acaba de publicar un libro en Taurus en el que, más que una teoría política, desarrolla una teoría social de la pandemia: sus efectos sobre la globalización, el impacto en el modelo de convivencia, los límites de la biopolítica, la globalización y la seguridad alimentaria. Aquí analiza también algunos aspectos de la gestión de la crisis en España. Creo que es una voz, de adscripción liberal, interesante.