01/12/2020
Los datos suelen ayudar a desbrozar la propaganda. La presidenta de la Comunidad de Madrid inaugura hoy un hospital construido en 3 meses y 10 días que se hace difícil calificarlo como algo más que una operación inmobiliaria. El Gobierno madrileño de PP y Cs ha invertido alrededor de 100 millones de euros en un centro que, a día de hoy, no supera el 25% de la dotación hospitalaria, que carece de pacientes y al que solo han pedido trasladarse 111 sanitarios «voluntarios» del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). Esto ocurre en una región que se sitúa a la cabeza autonómica de los recortes en inversión, recursos y plantillas. Madrid es la comunidad más rica de España, la que aporta un mayor porcentaje de PIB al Estado, pero una de las que menos gasta en sanidad pública por habitante. Dedica un 4,2% de su riqueza anual. La media autonómica roza el 6%. El gasto per cápita en 2011 era de 1.313 euros; en 2017 fue de 1.254 euros. Madrid es la segunda por la cola entre las CCAA en gasto per cápita. Este retroceso también se nota en el capítulo de personal, que en 2010 suponía casi el 52% de todo el gasto sanitario y siete años después pasó a ser del 44,7%. No quiero imaginar cómo estamos ahora, a pesar del coronavirus. En atención primaria la sangría es aún peor: la Comunidad de Madrid, que dedica aproximadamente solo el 10% del gasto sanitario a este nivel, es la que menos invierte en atención primaria en proporción a su presupuesto sanitario. Esto explica el colapso en los centros de salud.
En este contexto, estalla la pandemia. Y el vaso rebosa. La Covid ha expuesto en toda su crudeza las insuficiencias de un sistema que lleva una década soportando hachazos de forma inmisericorde. Los médicos y enfermeros de los ambulatorios (yo llevo 2 semanas para intentar coger cita por teléfono con mi enfermera) no dan más de sí. Las pruebas diagnósticas se retrasan. La falta de tratamiento pone en peligro a los pacientes de enfermedades crónicas. Decenas de plantas siguen cerradas en los grandes hospitales madrileños. Y las plantillas de rastreadores, que son clave en la trazabilidad de los contactos de positivos, continúan sin reforzarse debidamente.
La Comunidad de Madrid, con más de 6,6 millones de habitantes, dispone de 180 rastreadores, es decir, 2,7 por cada 100.000 habitantes.
Galicia, con 2,7 millones de habitantes, dispone de 6.108 rastreadores, es decir, 226,3 por cada 100.000 habitantes.
Son datos de la Consejería de Sanidad de ambas autonomías publicados por Newtral.
En cuanto a la tasa de médicos, la Comunidad de Madrid es la tercera por la cola. El porcentaje de médicos por cada 1.000 usuarios asignados es de 0,68. Hay 3.594 médicos de familia y 920 pediatras. En Cataluña, con una población similar y una política igualmente desastrosa de recortes y privatizaciones, las cifras se elevan 4.594 médicos y 1.030 pediatras. Son datos de Eurostat publicados por un periódico tan poco sospechoso de podemita como el ABC.
Y, entonces, con este panorama, ¿a qué las prisas por levantar el Isabel Zendal? La llamada «colaboración público-privada» permite construir infraestructuras hospitalarias de este tipo sin incurrir en déficit público. Es una forma encubierta de privatización que erosiona el nivel asistencial de la sanidad, dispara la deuda y acelera el traspaso de recursos de lo público a las empresas que operan en este sector. Así engordó Aguirre este negocio -eran los tiempos de Gürtel y Púnica- y así acaba de ordenar la edificación Ayuso de ese mamotreto sin médicos ni camas en Valdebebas que responde al concepto de «hospital de pandemias», algo que no existe en ningún país de nuestro entorno. Entre de 2004 y 2011 -según datos del SERMAS- se construyeron en la Comunidad de Madrid 11 hospitales. A pesar de ello, se pasó de tener 14.957 camas a 14.334. ¿Por qué? Por el cierre de camas en los grandes hospitales públicos. La ratio de camas en la Comunidad de Madrid es de 2,5 puntos inferior a la media nacional. Por otro lado, la creación del Área Única y la Libre Elección también contribuyó a transferir recursos públicos a la privada: la mayoría de derivaciones van a parar al grupo Quirónsalud, un gigante del sector en manos de fondos de inversión. Todas estas cifras están extraídas de las Memorias del SERMAS.
Quizá habría que recordar que los recursos públicos disponibles NO son infinitos. Son limitados. Y conviene destinarlos en función de las necesidades sociales, no de intereses ideológicos. Máxime si practicas una política fiscal de tierra quemada que detrae recursos a la Administración a costa de deteriorar los servicios públicos.
