¿SUPRIMIR AYUNTAMIENTOS?
Durante la rueda de prensa de balance del año, a la presidenta de la Diputación le preguntaron sobre la posibilidad de eliminar ayuntamientos en la provincia. María Antonia Pérez León se opuso radicalmente a esta posibilidad y dijo que está comprobado que los pueblos no quieren desaparecer: «lo que quieren es tener los mismos servicios que el pueblo de al lado, aunque éste tenga tres veces más población». Esta opinión, muy extendida en toda la provincia, se explica por la nefasta experiencia de los pueblos que perdieron sus ayuntamientos entre los 60 y los 70. La gente no sólo se amarra a su patria chica por orgullo, sino porque entiende que es la mejor manera de garantizar la defensa de sus intereses. La idea de suprimir ayuntamientos (que no es lo mismo que eliminar pueblos, vaya por delante) no es nueva y en Grecia se han restado los de menos de 5.000 habitantes como parte del paquete de medidas para reducción del déficit público. Tampoco es una novedad en Guadalajara. Hace tres décadas, Jesús García Perdices escribió en Nueva Alcarria: «sería conveniente reagrupar en los pueblos todavía habitados a los vecinos de aquellos otros en trance de desaparición”. Aquello se lo soltó al gobernador civil de la época, pero éste hizo caso omiso.
Es posible que quitar consistorios favorezca la reducción del gasto de la administración, pero quizá habría que pensar qué es lo mejor para el ciudadano. En una provincia como Guadalajara, cuya población está diseminada en 404 núcleos, la medida podría tener un carácter regresivo. Como recuerda Rufino Sanz, que de esto sabe un rato largo, en una columna en La Crónica, las fundaciones, las dietas y la duplicidad de cargos que se pretende ahorrar con la genial idea no están en ningún municipio pequeño. Y además existen soluciones intermedias. Por ejemplo, las mancomunidades. En Aragón hace años que se implantó con éxito un sistema de comarcalización que ha permitido optimizar los servicios en las localidades con menor población y recursos. En Castilla-La Mancha esa opción, directamente, se descartó. Convendría, pues, estudiar todas las opciones aplicadas a las necesidades de cada territorio y, de paso, reformar con tiento la Ley del Régimen Local. Lo que no conviene es caer en la demagogia estéril y lanzar al aire ocurrencias que sólo perjudicarían a los pueblos más humildes. A eso lo llamo yo matar moscas a cañonazos.